Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial vinculada al caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Procuraduría General respaldó la solicitud de la Fiscalía para imponer detención preventiva en un centro penitenciario.

El delegado de la Procuraduría señaló que “el derecho a la libertad debe ceder ante la necesidad del Estado de investigar delitos graves que afectan el bienestar colectivo”. Además, destacó que los hechos imputados dañan significativamente la administración pública, el orden social y económico, justificando así la aplicación de la medida.

La Fiscalía acusa a Ortiz de actuar como intermediaria en presuntos sobornos que facilitaron el desvío de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo, afectando intereses colectivos de gran importancia. No obstante, Ortiz ha negado los cargos.

Su abogado, Oswaldo Medina, cuestionó el proceso, argumentando que la Fiscalía ha actuado con improvisación y presión indebida, asegurando que “imputaron para investigar, en lugar de investigar para imputar”.