En medio de una creciente tensión, Héctor Carvajal, abogado defensor del presidente Gustavo Petro, ha declarado que el mandatario no reconocería una posible decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le formule cargos por presunta violación de los límites de financiación en la campaña presidencial de 2022. Según Carvajal, “nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley”.

La declaración del abogado se da en un momento de alta incertidumbre, ya que la Sala Plena del CNE está programada para retomar el análisis de la ponencia que podría llevar a la imputación de cargos contra el presidente. La cita con los nueve magistrados se llevará a cabo en un entorno de seguridad reforzada, posiblemente en una guarnición militar o comando de policía, debido a los recientes ataques de Petro contra la autoridad electoral.

Carvajal afirmó que la defensa del presidente no acatará una decisión desfavorable, argumentando que cualquier resolución que considere ilegal será impugnada mediante una acción de tutela y medidas cautelares. “Nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido”, subrayó el abogado.

Al ser cuestionado sobre si el desacato de una decisión del CNE sería un mensaje adecuado para el país, Carvajal defendió su postura citando precedentes de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. “Las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatorias de la Constitución no tienen fuerza vinculante”, explicó, insistiendo en que cualquier resolución en contra del fuero presidencial no será reconocida.

Carvajal también abordó la competencia del CNE en la investigación de campañas presidenciales, señalando que, aunque el CNE tiene la autoridad para investigar, debe hacerlo dentro de un período específico. En el caso de la campaña de Petro, argumentó que no se cumplió con el tiempo establecido para la auditoría de cuentas y que los requerimientos realizados no se subsanaron adecuadamente.

La discusión sobre este asunto, que fue aplazada hace dos semanas por la solicitud de rotación de la ponencia, se reanudará el 16 de septiembre. Se espera que siete de los nueve magistrados presenten sus conclusiones y observaciones sobre los cargos, que incluyen una presunta superación de los 5.000 millones de pesos en la campaña del Pacto Histórico.

La jornada se enfrenta a dos posibles escenarios: el desarrollo fluido de la sesión, seguido de una votación en la que se prevé al menos seis votos a favor de los cargos, o un nuevo aplazamiento de 15 días, con la magistrada Alba Lucía Velásquez solicitando la rotación del expediente debido a su reciente reincorporación a sus labores. Esta solicitud también será sometida a votación, con una mayoría aparentemente dispuesta a aprobarla