Hace más de seis años que la Corte Constitucional, con la Sentencia T-302 de 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional para que el pueblo Wayú tenga una protección especial de varios de sus derechos fundamentales; sin embargo, la respuesta institucional no ha sido la esperada.

“En una visita que realizamos entre el 22 y 26 de abril pasado a Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure, observamos con preocupación que la situación relacionada con la vulneración de derechos de las niñas y los niños wayús empeora por la falta de diligencia y actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

“Niños wayús entre cero y cinco años están siendo alimentados únicamente con chicha. Razón por la cual han perdido talla y peso. Esta situación es simple de verificar si se le solicita al Instituto el reporte de talla y peso de diciembre del 2023, y es comparado con el que genere al momento en que de nuevo inicie con la entrega de alimentación para ese grupo etario”, reclama Camargo Assis.

Lo anterior también evidencia que todo el esfuerzo institucional de recuperación nutricional, remarca el Defensor, “a través de los programas implementados por Bienestar Familiar, realizado en los años anteriores, se fue al traste, ya que fueron suspendidos los servicios sin implementar nuevos programas. Se perdió la continuidad”.

Las instituciones educativas cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero no tiene la cobertura para todos los niños, niñas y adolescentes (NNA). En muchos casos, los docentes tratan de reducir las porciones para que la totalidad de los niños pueda comer algo, pues muchos solamente van por el alimento a la escuela, y en algunos casos es la única comida del día.

Las comunidades visitadas refieren que el kit educativo, el cual consta de cinco cuadernos, regla, lápiz, borrador, resma, colores, etc., fue entregado por última vez en julio de la vigencia pasada.

Los NNA que no cuentan con transporte escolar deben desplazarse, caminando o en moto, distancias hasta de dos horas. Se estima que alrededor del 80% de quienes terminan básica primaria no continúa con sus estudios en razón a que debe acudir a centros educativos muy lejanos.

Las 17 comunidades indígenas de los cuatro municipios visitados, deben desplazarse hasta centros urbanos para acceder a los servicios en salud, pero no cuentan con dinero.

En relación con las brigadas de salud, las cuales serían realizadas solamente una vez al año, muchos NNA, mujeres embarazadas y lactantes y personas mayores quedan sin atención, pues están afiliados a varias EPS y en ocasiones solo les prestan servicios a los afiliados de las mismas EPS que hayan contratado las IPS que los visitan en los territorios.

Las comunidades tampoco cuentan con el suministro de agua potable ni con una fuente para su abastecimiento, deben caminar largas distancias para ir hasta donde están los pozos, y, en muchos casos, es líquido verdoso y cargado de barro. Adicionalmente, la entrega hecha con carrotanques es una medida paliativa que no satisface las necesidades mínimas de la población Wayú.

Sea esta la oportunidad para hacerles un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, recalcó Camargo Assis: “Implementen las medidas definitivas que permitan solucionar las diferentes problemáticas que enfrenta la niñez en La Guajira. Denle cumplimiento de una vez por todas a lo que dicta la Sentencia T-302 de 2017”.