- septiembre 14, 2023

Con relación a un proceso policivo de querella interpuesto por Carlos Bonfante Brunal en contra de Catalina Gómez y otros, la Alcaldía de Montería informa a la comunidad que todo el trámite se cumplió con el debido proceso, respetando el ordenamiento legal establecido para este tipo de controversias.
El proceso se instauró ante la Inspección Primera Urbana de Montería, argumentando presuntos comportamientos contrarios a la posesión de un inmueble. Controversia que resuelta y apelada por la parte vencida, motivo por el que la disputa fue zanjada definitivamente por el Alcalde de Montería.
Cabe indicar que en el precitado proceso verbal abreviado, la inspectora de policía brindó todas las garantías jurídicas y procesales a las partes involucradas en la Litis, garantizando de esta manera el efectivo derecho a la defensa y la administración efectiva de justicia.
Dicho procedimiento fue objeto de control constitucional mediante acción de tutela interpuesta por los querellantes, acción que fue resuelta desfavorablemente por improcedente, toda vez que los jueces de tutela, de primera y segunda instancia, ratificaron el correcto obrar de la inspectora de policía.
Hay que indicar, que mediante Resolución No. 031 del 14 de abril de 2023, se resolvió conceder la medida de protección a la posesión a favor de Carlos Bonfante Brunal, por considerar que fueron plenamente demostrados los comportamientos de perturbación a la posesión y se ordenó la medida de restitución de bienes inmuebles para preservar la sana convivencia y garantizar los derechos de los ciudadanos.
La mencionada decisión fue apelada y atendida en segunda instancia por parte del alcalde de Montería, quien expidió la resolución No 0346 del 2 de junio de 2023, mediante la que confirmó en todas sus partes la decisión adoptada por la inspectora de policía.
La anterior decisión también fue objeto de control constitucional, mediante acción de tutela interpuesta por Catalina Gómez Guerra, acción que fue despachada negativamente en primera y segunda instancia, toda vez que los jueces determinaron que el proceso adelantando por la inspectora y el Alcalde estuvo ajustado a derecho.
Desde la administración municipal se observa con preocupación que la parte derrotada en derecho ha asumido una actitud temeraria e irrespetuosa y valiéndose de vías de hecho con el propósito de ejercer presión para modificar las decisiones que en derecho se adoptaron.
Estos hechos serán denunciados ante las autoridades competentes en aras de salvaguardar la integridad y la honra de los funcionarios de la administración que se han visto afectados por hostigamientos y comentarios injuriosos y calumniosos.