El Gobierno Nacional firmó el decreto que reglamenta el programa jóvenes “por no matar”, para transferirles mensualmente un millón de pesos.

El documento establece que la iniciativa, denominada Jóvenes en Paz y que permitirá un máximo de 12 transferencias por beneficiario, estará a cargo de la Dirección de Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, en cabeza del recién nombrado viceministro Gareth Steven Sella.

Se precisa que Jóvenes en Paz busca implementar una ruta de atención integral para jóvenes en condición de extrema pobreza, vulnerabilidad, jóvenes rurales o en explotación sexual, vinculados o con riesgo de vincularse en dinámicas de criminalidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado.

“El programa responde a un enfoque de derechos, no asistencialista, en el que la persona no es vista como receptora pasiva de prestaciones públicas, sino que respeta su intrínseca dignidad otorgándole las suficientes oportunidades sociales para que pueda forjar su propio destino, participar activamente en la vida común, asumir sus responsabilidades frente a la sociedad y contribuir a la reconstrucción del tejido social”, señala el decreto.

Así las cosas, el proyecto contempla como beneficiarios a jóvenes de entre 14 y 28 años, a quienes se les brindará una ruta de atención integral por un periodo inicial de 6 meses que podrá prorrogarse hasta máximo 18 meses. Los beneficiarios no podrán recibir otro tipo de subsidios de manera simultánea.

En esa línea, se explica que no podrán ser vinculados al programa jóvenes con una orden de captura o aprehensión; tener una sanción o medida privativa de la libertad vigente; tener más de 29 años; ser beneficiario de transferencias monetarias por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y no tener documento de identidad vigente.

También serán causales de terminación de la vinculación al programa la finalización de la ruta de atención prevista; la culminación del tiempo máximo permitido de permanencia; el retiro voluntario; el incumplimiento de deberes y responsabilidades; ser objeto de una orden de captura; tener una medida privativa de la libertad vigente, o que el beneficiario fallezca.